¿Exgobernador Rozo Millán y MinEducación en problemas por presunto acto de corrupción?

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Foto | Archivo

El Tribunal Administrativo de Boyacá pide investigar un convenio por más 9 mil millones de pesos celebrado entre las dos entidades en el año 2008.

A la Fiscalía a General de la Nación, Procuraduría y Contraloría, el Tribunal Administrativo de Boyacá pidió la investigación de las conductas de quienes ejecutaron el convenio administrativo celebrado el 11 de noviembre de 20008 entre la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Educación, por un valor de 9 mil 800 millones de pesos. Este convenio tenía como objeto atender a la población menor de cinco de años de los niveles 1 y 2 del Sisben, o en condición de desplazamiento.

Así mismo, a través de un escrito emitido se manifiesta que “esta decisión la tomó el Tribunal Administrativo de Boyacá el 7 de febrero del 2017 en fallo proferido en la audiencia inicial celebrada dentro del trámite del proceso contractual instaurado por la Gobernación de Boyacá contra el Ministerio de Educación Nacional donde pretendía la nulidad de unos actos administrativos proferidos por esta última entidad, por medio de los cuales se declaró terminado anticipadamente y liquidado unilateralmente el Convenio 629 de 2008 y se ordenó efectuar el reintegro de los recursos girados y no ejecutados por un valor de $9.805.506.597. Y, como consecuencia de tal declaración de nulidad, se hiciera la liquidación judicial del mencionado convenio”.

Por otra parte, vale la pena resaltar que el Ministerio de Educación le giró el dinero a la Gobernación de Boyacá mediante el convenio ya mencionado, pero luego de dos años de su ejecución, la cartera educativa lo acabó unilateralmente y pidió a la Gobernación la devolución de los recursos, ya que no se podía comprobar el uso de los mismo.

A su vez, el Tribunal Administrativo de Boyacá agregó que “dada la naturaleza del mencionado convenio interadministrativo celebrado entre esas dos entidades estatales, la pretensión anulatoria de los actos administrativos acusados tenía la vocación de prosperar pues resultaba claro que el Ministerio de Educación Nacional había ejercido un poder excepcional que la ley no le había conferido, en este caso la terminación y liquidación unilateral de dicho convenio”.

Además, en el texto del Tribunal se expresa que “en relación con la pretensión de su liquidación judicial, advirtió que no contaba con los documentos necesarios para tal fin, convirtiéndose en una tarea imposible para la corporación judicial, debido a que el actor había incumplido con la carga de la prueba de aportarlos. Sin esa información, señaló el Tribunal, no se podía determinar el grado de cumplimiento por parte de la Gobernación de Boyacá respecto del número de niños y niñas atendidos para efectos de realizar el balance real de la ejecución financiera del convenio, esto es, establecer el valor efectivamente ejecutado durante los años 2009 y 2010 y la suma de los recursos girados que debería reintegrar al Ministerio de Educación Nacional”.

Por último, el Tribunal cree que existe un desorden administrativo y solicita a los entes mencionados, para que determinen si hay o no actuaciones inadecuadas ligadas a actos de corrupción dentro de algunas de las dos entidades involucradas en el hecho.

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