La ‘noble y leal’ es también la menos incluyente

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El Concejo de Tunja discutió y analizó la política pública de discapacidad. El balance fue más que negativo ya que se evidenció la falta de compromiso de la Administración Municipal por garantizar mejores condiciones a esta población.

Desde 2012 se creó un acuerdo municipal que propendía por el bienestar de las personas en situación de discapacidad en la capital boyacense. Lastimosamente, a la fecha no se ha adelantado ni un poco de dichas iniciativas. Con este acuerdo se buscaba crear mejores condiciones en materia de transporte público colectivo e individual, educación, recreación y deporte, inclusión laboral, entre otras iniciativas.

Lo expuesto por los representantes de la población en situación de discapacidad evidenció que nada de esto se ha ejecutado.

“Vemos que estos programas no han iniciado y no se han desarrollado. Hoy estamos abriendo el debate para que la Administración Municipal y los secretarios conozcan la problemática, escuchen a la comunidad y hagamos unos compromisos para empezar a desarrollar estos programas tan importantes”, señaló el concejal Anderson Mendivelso.

Y efectivamente los secretarios no se presentaron al debate, dando una muestra evidente de que el tema poco o nada les importa.

Pero más grave aún es la situación que han tenido que vivir muchos miembros de la comunidad en situación de discapacidad por el sectarismo y el tipo de creencias que han tenido ciertos funcionarios, que han utilizado su cargo para aprovecharse de esta situación.

EL DIARIO conversó con Vanesa Cevallos, representante de las personas con discapacidad física en Tunja, según su relato, la última abogada de la oficina de discapacidad abusaba descaradamente de su posición. “A la hora de contratar el personal las oficinas no toman en cuenta que sean personas capacitadas, entonces contratan a los amigos de ellos, y hubo un caso de una abogada, en el que ella, por sus creencias religiosas, buscaba a las personas más vulnerables, de pronto a las que tenían menos educación para tratar de llevarlas a esa religión; si no lo hacía de esa forma, era llevándolos a que le hicieran trabajos en la casa y luego no les pagaba”. Vanessa también relató que en cierta ocasión, cuando un ciudadano realizó una solicitud para la adquisición de una prótesis, la funcionaria buscó sacar provecho de su posición, y luego dejó a un lado la solicitud y le delegó el trámite a Vanessa, que si bien busca el bien de la comunidad que representa, no tiene que responder por las funciones de esta funcionaria pública.

Y el problema no se queda en un simple caso de discriminación por creencias religiosas; según indican los representantes de las personas en situación de discapacidad, llevan años buscando que las autoridades municipales le presten la atención necesaria a sus necesidades, pero todos los intentos han sido en vano.

Las personas que sufren de discapacidad auditiva sienten que el gran problema que los aqueja es la falta de personal disponible para atender sus necesidades. “El problema principal es la barrera de comunicación puesto que no se cuenta con los intérpretes suficientes y capacitados para atender tanto a la población en el sector educativo como en la parte de la Administración Municipal, y en general en todas las entidades (…) la ley dice que los estudiantes tienen que estar en el colegio que les quede más cerca de su casa, pero resulta muy difícil contratar un intérprete para cada colegio para uno o dos estudiantes; en este momento es muy deficiente el servicio que se está prestando en el Colegio Gustavo Rojas Pinilla por la falta de intérpretes y de modelos lingüísticos. Durante cinco años, desde que se creó la política pública de discapacidad en Tunja hemos estado requiriendo; hemos estado llegando a una administración, a la otra, y realmente para que contraten un intérprete en el Rojas Pinilla, hay que poner tutela; todos los años hay que emprender acciones populares para que se garanticen los derechos de los estudiantes sordos. Yo concluyo que esto no es inclusión”, indicó Luz Mary Quintero, representante de las personas en condición de discapacidad auditiva.

Los que tienen algún tipo de discapacidad física también sufren en la capital boyacense por la falta de rampas de acceso, principalmente, en instituciones educativas; también por la dificultad que tienen al momento de querer tomar un bus o un taxi. “Son muchas barreras las que hemos encontrado. Tenemos un gran problema con la oficina de discapacidad que no ha sido tan inclusiva como debería ya que no cuenta con el personal capacitado para atender a las personas con discapacidad; mantiene cambiando a cada rato al personal , entonces, cuando la persona está aprendiendo a cómo tratar a la persona con discapacidad, la cambian y el proceso se pierde. Por otra parte están las barreras en el tema del transporte público, por ejemplo es muy complicado coger un taxi, sobre todo para una persona en silla de ruedas  o que utilice muletas o bastones; ya que los taxistas no están dispuestos a bajarse y ayudar a subir una silla de ruedas . Los colectivos ven una persona en situación de discapacidad y pasan rápido”, manifestó Vanesa Cevallos.

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