Los páramos obligan a un nuevo pacto social

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Socotá. Foto | Hisrael Garzonroa

Desde la Oficina de Diálogo Social de la gobernación de Boyacá se propone la creación de una mesa de discusión que busque abordar la problemática del manejo de los territorios de páramo en el departamento, bajo el entendido de que todos los intereses tienen cabida y que son posibles acuerdos que beneficien equitativamente a las partes.

Las complejas relaciones que se han venido desarrollando en estos territorios, donde el agua se tiene ahora como el principal recurso a proteger, mientras las poblaciones de campesinos que han ocupados esos espacios aspiran a seguir viviendo dignamente, plantean el primer gran conflicto.

Luego, han llegado las disputas ante la presencia de minerales como el carbón y el oro y otros de menor valor pero de gran importancia, que originan actividades de explotación, que se vuelven fundamentales para otro segmento importante de empresarios y trabajadores,

Por su parte, el Estado, bajo condiciones contradictorias, unas veces otorga licencias indiscriminadamente, como sucedió en la época Uribe, o proclama el impulso a la locomotora minera como en el primer gobierno de Santos; o, con otras ramas del poder, lanza señales y medidas contrarias, como ahora sucede con sentencias de las Cortes y las nuevas políticas ambientales bajo el imperativo del cambio climático, y los compromisos internacionales en los que se adscribe al país. En estas condiciones el escenario acaba enrareciéndose y llevando a situaciones inmanejables como ahora sucede en las zonas de páramo de Boyacá, como la sierra Nevada y las alturas de Pisba.

Normas a rajatabla o diálogo y concertación

A propósito del Congreso Internacional de Páramos, que tendrá lugar del 12 al 14 de julio en Bogotá, un evento que busca posicionar los Andes en la agenda pública de los 7 países que comparten esta cadena montañosa en Suramérica, en los últimos días estuvo aquí en Tunja el viceministro de Medio Ambiente; Carlos Alberto botero López, a escuchar a un grupo de mineros que han venido buscando abrir puertas para que alguien trate de comprender el drama que hoy consideran ellos están padeciendo por efectos de normas ambientales, como es la limitación de áreas de páramo y por decisiones mucho más complejas como la sentencia de la Corte Constitucional C-035 de 2016, que en términos prácticos acaba con toda la minería pequeña mediana y grande en las áreas de páramo. Estuvieron básicamente os interesados en el carbón que tienen títulos en zonas de páramo.

Al final de la reunión con el viceministro, el desconcierto de los asistentes fue la nota predominanate, ya que lo posición del alto funcionario dio a entender que no queda otro camino para quienes tengan intereses en las zonas de páramo que abandonar la idea de su aprovechamiento en cualquier forma que sea.

Convocar mesa de diálogo

Foto | Archivo, Hisrael Garzonroa
Foto | Archivo, Hisrael Garzonroa

Ante esta situación, la Oficina de Diálogo Social y Paz en cabeza de Pedro Pablo Salas Hernández, hace el llamado a todas las instituciones involucradas en este complejo tema de la delimitación de páramos en Boyacá para que se busquen, en el corto plazo, mecanismos de articulación con los sectores económicos, gremios y comunidades rurales, para discutir este tema que tiene impactos sociales sin precedentes cuando se trata de medidas de orden normativo, que no tenían antecedentes en departamentos como este.

“Toma mucha más fuerza y sentido la necesidad de conformar la mesa departamental de páramos donde estén involucradas las instituciones del orden central, departamental y municipal, junto a las comunidades que se están viendo y se van a ver mayormente afectadas con decisiones que tienen alcances profundos en la reconfiguración del mapa económico dela región”, justifica Salas Hernández.

Y agrega, “lo que nos corresponde a nosotros como gobierno departamental es llamar la atención sobre la importancia de llegar a acuerdos entre instituciones y comunidades, que eviten una generación de conflictos a escalas impredecibles. En la oficina de Dialogo Social se ha estado atendiendo comunidades por conflictos ambientales tanto en el páramo del Cocuy, como en el páramo de Pisba”.

En estos municipios, Güicán, Socotá, El Cocuy, Chiscas y Chita, casi el 70% de sus áreas son zonas de páramo; incluso, el casco urbano de Güicán está en aérea de páramo; así que decidir aplicar las normas en estas condiciones es muy delicado y complejo porque vienen sin ninguna posibilidad mediadora para buscar alternativas, ni en el corto, mediano o largo plazo; es la aplicación de la norma pura y dura.

Esto quedó plasmado recientemente en el municipio de Socotá frente a 400 campesinos, donde la incertidumbre predomina y el sentimiento de las gentes es que están viéndose avocados a un nuevo desplazamiento, esta vez no por actores armados, sino por leyes y sentencias de inmediata aplicación sin ningún tiempo de reconversión, sin ninguna explicación frente al qué hacer de quienes en este momento se encuentran desarrollando labores agropecuarias y de tipo minero. La sentencia de la Corte en mención es clara, tal como lo advirtió el viceministro, “ninguna actividad productiva se puede hacer en áreas de páramo”. Algunos funcionarios han optado por buscar suavizar los mensajes y el lenguaje, lo que ha creado una mayor confusión y una evasiva de quienes tienen que responder a toda la gente que se va a ver afectada por estas medidas.

Unos y otros buscan ignorar lo que impone la realidad jurídica a la cual se están enfrentando. Lo cierto es que la aplicación de las políticas del gobierno, primero apoyando el extractivismo a través de la locomotora minera y luego promoviendo el conservacionismo por el cambio climático, con las delimitaciones de páramos mediante sentencias de la Corte, están creando un enorme caos social en los territorios y a la fecha ningún sector quiere responder adecuadamente por sus obligaciones y responsabilidades.

Pero eso, desde la Oficina de Diálogo Social y Paz, se quiere buscar que este tema se convierta en un argumento de convocatoria frente a los acuerdos de paz de la Habana y en particular del punto uno que tiene que ver con Desarrollo Rural Integral, donde cabe perfectamente toda la problemática que se está generando en Boyacá, la cual encaja dentro de estos conceptos de desarrollo rural sostenible, pero que tiene que tener un tratamiento particular en cada zona, en cada área de páramo, en cada municipio, ya que cada localidad tiene su propia particularidad.

La duda que surge de si el interés es solo una mirada biológica del medio ambiente, crea una dualidad excluyente que no es admisible, y es considerar que se puede hacer conservación sin las comunidades que ocupan el territorio. Razón sociológica hay entre los campesinos de Socotá cuando reclaman que ver el medio ambiente en sí mismo, sin sus ocupantes, es un enfoque pobre y reduccionista, reclamando frente a esta disyuntiva que el ambiente completo se hace con ellos, quiénes han vivido en el territorio, que han formado una cultura, que es su identidad en medio del páramo y los frailejones.

Delimitación precisa de los páramos

El tema de la delimitación de las zonas de páramo no puede ser un simple resultado de estrictas alturas sobre el nivel del mar, sino que es mucho más complejo, es también un debate sobre el subsuelo, según opinan conocedores del tema; incluso, lo ha dicho la Corte: que las escalas con las que fueron señaladas estas delimitaciones, 1 – 100.000, deben precisarse a 1-25000, para tener elementos de detalle más precisos que permitan saber finalmente la actividad que se pueda desarrollar, o mientras se prueba científicamente que las actividades tradicionales que se venían haciendo en estos territorios, afectan o no el páramo; el problema es que ningún ciudadano de Boyacá, del común, tiene los recursos para contra argumentar los elementos y argumentos del Instituto Humboldt, que es la entidad que han tendido la última palabra y gozan de plena confianza ante instancias superiores como la Corte Constitucional.

Todas estas complejidades, señala Pedro Pablo Salas, llevan a pensar que si el Estado quiere desmontar unas prácticas económicas y sustituirlas por unas nuevas, cambiando las vocaciones del territorio, como ya están establecidas en Boyacá, que tiene el 25% de las áreas de páramos del país, implica enormes costos y cambios de vocación. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Implica, incluso, cambiar el modelo de desarrollo que a su vez significa buscarles un nuevo quehacer a todos los campesinos y mineros tradicionales del departamento que ocupan estos territorios.

Compensaciones sociales

Este es un tema sobre el cual hay que profundizar con elementos nuevos a tener en cuenta, donde el manejo del territorio es el eje central y lo que se desprende enseguida es la situación de sus ocupantes, es decir de las comunidades en particular. Hay alternativas que se escuchan como son los pagos por servicios ambientales, los guardabosques, el ecoturismo, etc., pero todo esto está por evaluarse y demostrarse en sus impactos. Hasta ahora no dejan de ser solo especulaciones porque en la delimitación de páramos, por ejemplo, se desconocieron las dimensiones socioeconómicas; es decir, se piensa en el medio ambiente, sin la gente, lo cual invalida cualquier proceso.

Aquí, Salas Hernández, quien se encuentra redactando su tesis de doctorado en economía, dice estar convencido que ha llegado la hora de asumir el cuidado del agua de una manera distinta a la que ha predominado hasta ahora para su uso y destino en el mapa económico colombiano, donde el recuso se entrega a título gratuito para los grandes operadores de su comercialización, mientras que al final se convierte en un producto de enormes costos para el usuario final y en extraordinarias ganancias para las empresa de monopolio en que están convertidas sus operarias.

En estas condiciones hay que pensar en una propuesta de desarrollo desde el cuidado del agua, donde, como ya se ha hecho con el cargo por confiabilidad, que se ha pagado durante más de una década por todos los usuarios del servicio de energía, y que descaradamente se lo han robado, se cobre una remuneración que sea destinada a los territorios y a las comunidades que los ocupan y que pueden cuidar del recurso.

Pedro Pablo profundiza en el tema: “La pregunta es si en el actual modelo privatizador, esta corresponsabilidad de la sociedad es posible hacerla o incluso nos puede llevar a desmontar todas las políticas de privatización que se han manejado sobre el recurso hídrico. Alrededor del agua se pueden llegar a pactos sociales como son los cargos por conservación y es que los ciudadanos de las partes bajas, los que viven en los condominios, el gran comercio, etc., tengan que pagarles a los que se quedan cuidando las partes altas del bosque andino, colonizado hace décadas por campesinos que a machete y a azadón abrieron la frontera agropecuaria.

Y concluye: “Reconfigurar este mapa requiere incluso de una conceptualización sociológica y no de miradas simplistas a problemas complejos como lo estamos viendo con los funcionarios que manejan estos temas. Las mesas de los acuerdos y la instalación de la mesa departamental de páramos, pueden ser un primer paso en la dirección correcta, en la búsqueda de respuestas profundas que hoy requieren los territorios y quienes los habitan como sucede en el actual debate medioambiental”.

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