La terminal de Tunja, debe ser de Tunja

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Foto: Concejo Tunja

Por | Carlos Castro-PazQuinar

El 26 de noviembre de 2014, las primeras noticias oficiales sobre la inmediata construcción de la nueva Terminal de Tunja, aparecieron en los medios de comunicación, anunciando inversiones aseguradas por 40 mil millones de pesos.

Se dijo en aquel momento, que la construcción comenzaría en marzo de 2015 y que 12 meses después, irrumpiría en el sector transporte haciendo parte de las terminales más grandes de Colombia, con capacidad para atender a dos mil pasajeros/hora.

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Sin embargo, para abril de 2017 la Terminal ya tenía un costo de 57 mil millones de pesos, sin tener en cuenta obras de movilidad no presupuestadas, ni el valor del mobiliario que permitiría su funcionamiento.

El no pago oportuno de las actas de obra, la lentitud en la ejecución y el continuo surgimiento de planes de ajuste; han ido dilatando los plazos de terminación, del 19 de agosto, a 30 de octubre, a 30 de noviembre y finalmente se aseguró, “… que vamos a hacer todo lo posible para culminarla en éste gobierno…”.

Una situación que el 13 de septiembre pasado en el Salón de la Constitución, el gobernador Carlos Amaya justificó, señalando como responsables al Concejo Municipal de Tunja y a la demanda de nulidad interpuesta por el diputado Guillermo Sánchez Sánchez. Lo que no es de conocimiento público, porque temas como estos es mejor que no trasciendan para evitar juicios de responsabilidad, es que:

  1. La Resolución No 1776 del 06 de junio de 2017 emitida por el Departamento Nacional de Planeación, ordenando la suspensión preventiva de giros, dejó al descubierto omisiones de la Gobernación de Boyacá en la presentación de la documentación solicitada y la no atención de requerimientos formulados por el DNP.
  1. Dos meses después de emitida dicha resolución, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja, radican los proyectos solicitando a la Asamblea Departamental y Concejo Municipal; la autorización para crear la Sociedad Publica que administraría la operación de la nueva Terminal.
  1. El 29 de agosto de 2017 mediante oficio No DOCNT – AD – 225 – 17, el Consorcio Nuevo Terminal, le exige a la Gobernación de Boyacá el pago de las actas de obra que han sido radicadas durante 2017 por valor de 12.532 millones de pesos.
  1. Teniendo en cuenta lo indicado en anteriores numerales, se concluye sin asumo de duda, que los dineros que ha congelado el DNP ya se le adeudan al contratista por obras ejecutadas y que con ellos no es posible realizar ningún trabajo adicional.
  1. La aprobación de la Ordenanza No 002 de 2017 concebida para autorizar un empréstito, terminó modificando irregularmente el Plan de Desarrollo aprobado en 2016, al incorporar proyectos de inversión no previstos e incrementar el monto de la financiación autorizada a través de crédito; hecho que da origen a la demanda de nulidad del diputado Guillermo Sánchez.
  1. Dicha demanda de nulidad radicada el 18 de julio de 2.017, no afecta la vigencia la Ordenanza No 002 de 2017, ya que en virtud del artículo 122 del Decreto No 1333 de 1986, las ordenanzas son de obligatorio cumplimiento, hasta tanto no medie decisión en contrario del Contencioso Administrativo, lo que a la fecha no ha ocurrido.
  1. En octubre de 2017 son retirados los proyectos en los que se solicitaba autorización para crear la Sociedad Pública, con el propósito de permitirle al Gobernador de Boyacá y Alcalde de Tunja, complementar y corregir tales iniciativas.

Sin haberse atendido a satisfacción las exigencias que motivan la sanción impuesta a través de la Resolución No 1776, el llamado Estudio Demostrativo Justificativo, es presentado a pesar de las innumerables dudas que genera, como el pilar sobre el cual los mandatarios regional y local, buscarán nuevamente la autorización para crear la Sociedad Publica que pondría en operación la nueva Terminal.

En un enrarecido panorama pre electoral, la política y menos aún la politiquería, le pueden negar a Tunja el puesto que en la historia se ganó; por ello, lo realmente equitativo con los tunjanos, es que la celebración del Bicentenario, comience transfiriéndole a nuestra ciudad el título de propiedad de la nueva Terminal.

No hay duda, la constitución de esa Sociedad por Acciones Simplificada esconde un pulso político entre el Gobernador de Boyacá y el Alcalde de Tunja, por asegurarse el poder decisorio sobre los destinos de esa infraestructura, que por ser generadora de burocracia y dinero, se ha convertido objetivo de alto valor.

Ese sería sin duda un buen gesto del Gobernador Carlos Amaya, que enaltecería la dignidad del pueblo tunjano y la autonomía de sus autoridades municipales; algo que ya se viene sugiriendo en la ‘vuelta al perro’ y que por fortuna va más allá de las vecindades del Cercado Muisca.

2 COMENTARIOS

  1. Con torpeza nunca se puede gobernar, ahora, pelean por quien debe mandar en la mejor terminal del País según el distinguido Granados, argumentos del Bicentenario son idiotas, olvidan que solo corresponde es a la batalla del puente ubicado en Ventaquemada, si la terminal es mucha cosa, entonces dejen que la administre el Alcalde de ese pueblito, fue en Ventaquemada donde se celebro en esa época la derrota de Españoles y debe nuevamente ser el sitio para recordar el acontecimiento, si no se ponen de acuerdo, entonces llevencen la terminal, Gobernación y capital del Departamento para donde los políticos se les de la gana, pero si quieren que Boyacá nuevamente sea grande lleven todo eso para Puerto Boyacá, de lo contrario a futuro se roban la zona desde Chiquinquira para crear un nuevo Departamento: el Magdalena medio, única zona de verdad productiva, otro tema, para seguir viviendo de la nostalgia y atormentados por la miseria y el frió.

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