Mineros reclaman garantías al Gobierno Nacional

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Mineros, delegados del Gobierno Nacional y autoridades ambientales buscaron salidas al problema de la formalización de la actividad en el Congreso Minero de 2017. Foto| Hisrael Garzonroa
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Durante el III Encuentro Nacional de Mineros, los gremios de esta actividad discutieron alternativas para solventar situaciones como la falta de legalización y formalización de la actividad minera.

Medellín fue sede del III Encuentro Nacional Minero. Allí, 52 delegaciones de 13 departamentos, representantes  de mineros de arcillas, calizas, mármoles, esmeraldas, carbones, materiales de arrastre, oro, entre otros; discutieron sobre cómo encarar la compleja situación económica y social del sector minero.

Una de las grandes preocupaciones de los gremios mineros es lo que han calificado como una “entrega en bandeja de plata al gran capital nacional y extranjero”, de recursos naturales, de la soberanía y de la industria nacional, acusando al Gobierno Nacional de omitir el impulso de políticas públicas que den garantías para ejercer la actividad, tanto a pequeños como a grande mineros.

El proceso de formalización y legalización de la actividad sigue siendo el gran dolor de cabeza de miles de personas que hoy se dedican a esta actividad. Según indicaron los representantes mineros, “la tendencia es a caducar contratos de pequeños y medianos mineros a partir de exigencias de normas que se hacen imposibles de cumplir”. Entre estas está el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), guías ambientales, exigencias laborales, bancarización y comercialización; esto sumado a lo que califican como “nefasta reforma al Código de Minas, que otra vez viene orientado y hecho por las multinacionales”.

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Los pequeños mineros siguen afirmando que el Gobierno Nacional está empeñado en desarrollar una campaña mediática de desprestigio en contra de la pequeña y mediana minería, afirmando que causa daños ambientales, que es propicia para el uso de mercurio, que genera muertes de niños, que contamina ríos, y que además tiene vínculos con grupos armados al margen de la ley.

Según los voceros de Conalminercol y Confedesmeraldas, son las grandes compañías extranjeras son las que están generando este tipo de prácticas en contra del medio ambiente, y son estas empresas las que reciben todo el apoyo y acompañamiento estatal, incluso en casos en los que priman los intereses económicos por encima de los derechos de las comunidades étnicas.

Los pequeños y medianos mineros aseguran que de su parte no ha faltado voluntad para buscar salida a estas problemáticas, llegando a firmar acuerdos, que finalmente el gobierno Nacional termina desconociendo o incumpliendo. “La única respuesta que da este Gobierno es ordenar operativos con la fuerza pública, para destruir maquinaria, deteniendo a productores y trabajadores e iniciando procesos de judicialización a los nacionales que no tienen otra forma de vida que la minería, que engañados han renunciado a los procesos de legalización adelantados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) para inscribirse en los programas de formalización de las multinacionales y hoy muchos de ellos están condenados como los peores delincuentes, como es el caso de los 400 mineros tradicionales sobre el título de Acerías Paz del Río en Boyacá. Procesos     que no reconocen mineros tradicionales como los guaqueros, o la falta de democratización de la minería de esmeralda y del Fondo Nacional de la Esmeralda. Cierres y desapariciones de mercados tradicionales de la  esmeralda como el de la Avenida Jiménez en Bogotá”.

Señalan los pequeños y medianos mineros que los procesos de legalización y formalización de la actividad se han visto afectados cuando el Gobierno Nacional ha buscado asignar gremios mineros a diferentes ministerios. “Está cada vez más claro que no hay interés por parte del Gobierno Nacional de aplicar una política seria, confiable, que garantice el ejercicio de nuestra actividad y su formalización/legalización. No aplican las pocas normas que nos favorecen, no nos dan alternativas económicas, ni de empleo como lo ordena la ley, ls sentencias de la corte y los PND (Plan Nacional de Desarrollo) artículos 21 y 107.”

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