Nuevo sistema de matrículas de la UPTC: mejoró, empeoró o siguió igual

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Foto | UPTC

 

Por: Edilberto Rodríguez / @zaperongo

Hace poco más de un año, se desató en la UPTC un intenso debate en torno a la adopción de un nuevo sistema de liquidación de cerca de 60 programas académicos de pregrado (50 presenciales y 10 a distancia).

Finalmente, en diciembre de 2017, pese a los reparos puntuales formulados por estudiantes y profesores a la metodología utilizada, se aprobó el nuevo sistema (Acuerdo 067) en  audiencia pública realizada el 7 de diciembre, convocada por el Tribunal administrativo de Boyacá. El proyecto final, como los documentos de soporte fueron elaborados por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional, consultor contratado por una suma que ascendió a $ 460 millones.

A partir del primer semestre de 2018 entró a regir el nuevo cobro,  cuya fórmula es el Índice Socio-económico (ISE) multiplicado por el valor del punto, equivalente al 3,5 por ciento del salario mínimo mensual vigente ($781.242), es decir,  $27.343,5. El pago de los nuevos valores solo cobijará  a los admitidos en el primer tramo de este año, cerca de 2.500, mientras que para los estudiantes antiguos, que bordean las 28.000 personas – 70 por ciento tiene ingresos familiares inferiores a un salario mínimo-, se mantendría inmodificable. Así las cosas, la escala de matrículas fluctuaría entre una mínima de $82.029 y una máxima de $4.101.450.

Transcurrido el primer semestre de 2018, es posible contrastar las proyecciones de los consultores y los resultados reales. Cuando se anunció el nuevo sistema, los directivos de la universidad ponderaron este nuevo sistema, argumentando que garantizaría equidad y sostenibilidad financiera. Los consultores insistieron en que en gran parte de los programas académicos las matrículas se reducirían, pero que de aquí a 2023, los recaudos se comprimirían. Según las cuentas de la universidad, para el 88,1 por ciento de los estudiantes nuevos, pertenecientes a los estratos 1 y 2, el valor de la matrícula  bajaría, subiendo sólo para alrededor del 12 por ciento. Aún está por determinarse si los efectos esperados en la progresividad social del acceso a la universidad pública, se cumplieron.

Como es de todos conocidos, el antiguo sistema de cobro combinaba un valor variable resultante de la liquidación por declaración de renta y un valor fijo para los programas más recientes. Se afirmaba que aumentaría en los primeros y disminuiría en los segundos. Algunos indicios así lo confirman, abriendo la nivelación nuevas brechas. El balance general previsto por los consultores era que en el 97 por ciento de los programas ofrecidos tendería a bajar el valor de la matrícula.

Como resultado, se sostenía que con el cambio de metodología -con cifras de 2017-, la matrícula promedio descendería de $732.301 a $379.426, lo que abatiría los recaudos, generando un boquete financiero, tasado para el primer semestre de este año en $5.672 millones, al caer los ingresos de  $15.913 millones a 10.241 millones. Muchos de los integrantes del Consejo Superior, portadores de un tremendismo financiero, prendieron las alarmas alertando sobre un eventual desfinanciamiento, si se adoptaba el nuevo sistema.

Los recaudos por matrícula de pregrado presencial y a distancia son uno de los rubros presupuestales más importantes  siendo su desempeño creciente, comoquiera que representaron en el primer semestre de este año el 44,4 por ciento de los ingresos propios y el 11,1 del presupuesto total. Como es de suponerse, los aportes de la Nación fueron el principal componente del presupuesto universitario (36,6 por ciento) durante el semestre pasado.

Examinando la ejecución presupuestal del primer semestre de 2018, se observa que, contrario a las proyecciones de los consultores y de la dirección de la universidad, los recaudos por matrículas de pregrado no cayeron. Si se comparan con igual periodo de 2017, se encontraría que es similar. Dicho en buen romance, no sólo no se contrajeron los recaudos en $5.672 millones, sino que se mantuvo el nivel observado en el segundo semestre de 2017: un poco más de $21.000 millones. De manera, que el tal desfinanciamiento, que los agoreros anunciaron, no se ha registrado.  ¿Errores de cálculo? ¿Supuestos falaces? ¿Proyecciones engañosas?

 

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