Afortunada coincidencia de la Comisión V y el foro del carbón en Paipa

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Foto | Hisrael Garzonroa / EL DIARIO

Pocas veces las circunstancias llevan a coincidencias que pueden calificarse de afortunadas y felices, y eso fue lo que sucedió este jueves 27 de septiembre en la ciudad de Paipa, en el mismo lugar, donde por la mañana estuvo sesionando de manera formal la Comisión V de la Cámara de Representantes, convocada esta por el parlamentario boyacense Héctor Ángel Ortiz y apoyada por el también boyacense César Pachón; y, en la tarde, el Noveno Foro Nacional del Carbón, organizado por Fenalcarbón.

Los asuntos tratados, muy específicos en cada caso, pero coincidentes en lo esencial ya que, de un lado, se abordó el tema ambiental relacionado con la delimitación de páramos y los problemas legales que han surgido y que tienen consecuencias profundas para los habitantes de esas zonas y sus actividades económicas, que en realidad son de supervivencia, asuntos tratados por la Comisión V, donde las consideraciones también giraron en torno a las actividades mineras, agropecuarias y medioambientales. En el foro carbonero, lo mismo: cómo evoluciona la industria del carbón coque y el carbón siderúrgico, y qué va a pasar con la actividad de extracción del mineral si, en el caso de Boyacá, los yacimientos están en alturas sobre el nivel del mar por encima de los 2.500 mts., lo que tiene que ver con aspectos jurídicos, económicos y sociales y por tanto tener instrumentos definidos que permitan el desarrollo de las actividades empresariales en términos de legalidad y de máximo beneficio para el conjunto de la sociedad.

Quedaron claras varias realidades ayer al escuchar las voces de los dos eventos. En el primero, la sesión de la Comisión V, irrefutable que es necesario un gran esfuerzo del Congreso y del gobierno para clarificar y precisar un marco jurídico que sirva de manera precisa y equitativa a los intereses de las partes, donde no haya falsas exclusiones, como plantearon varios, sino la coincidencia para aprovechar todos los recursos. Es decir, que los campesinos que han vivido en el páramo durante generaciones, lo puedan seguir haciendo y obteniendo las mejores condiciones y calidad de vida; que las actividades mineras también se puedan hacer sin que se diga que sean la destrucción de un recurso como el agua y por tanto su estigmatización y rechazo general.

Así que el trabajo del gobierno y del Congreso debe ser el de armonizar estos asuntos, lo cual no ha resultado fácil y no lo va a ser en adelante, aunque se sabe que la voluntad del nuevo gobierno es el de favorecer actividades como la minería que según el presidente Duque debe hacerse bajo el principio de ‘producir protegiendo y proteger produciendo’. Y es que hay que conciliar tres posiciones que en varios puntos son antagónicas radicales: los movimientos ambientalistas que cada vez avanzan y convencen a más gente, dado que se considera que si no se cuidan los ecosistemas y el agua entonces la crisis y la miseria ambiental serán para todos, de ahí que las consultas populares, casi en su totalidad, dan como resultado hasta ahora, el rechazo radical a la minería, no solo en zonas de paramo sino en cualquier lugar del territorio.

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Están los habitantes de las zonas de páramo, quienes defienden el derecho a permanecer en sus tierras, que han sido el hábitat de varias generaciones y que exigen un trato especial para permanecer allí, seguir viviendo de sus actividades tradicionales y proteger el territorio, por lo que muchos también están en contra de la minería, tal como sucede con las disputas que se dan en el Páramo de Pisba.

Por su parte, los mineros, para el caso de Boyacá los del carbón, piensan que también tienen derecho a desarrollar sus títulos mineros obtenidos de manera legal y que son fuente de ingresos, de empleo y desarrollo económico, lo cual se ve potencializado porque en las zonas de páramo es donde están los mantos de carbón siderúrgico que a su vez es el del tipo coquizable cuyo precio internacional hoy es tan atractivo y que por tanto aumenta la presión para su aprovechamiento. Así que la tarea de legislar sobre estos asuntos no es nada fácil, pero tendrá que hacerse si se quieren los mínimos de convivencia, de aprovechamiento económico y equidad social. Y, además, para que se cumpla la expectativa del nuevo gobierno en el sector minero la cual es duplicar el PBI minero durante los cuatro años.

En la tarde, en el foro de Fenalcarbón, en efecto se presentaron los rasgos principales del estado actual de la industria del carbón coque, cuyas cifras son extraordinarias y mejores todavía si se proyectan hacia el futuro, lo cual plantea retos adicionales. Una industria que en el año 2017 produjo exportaciones por 925 millones de dólares, casi tres billones de pesos, que se calcula una tendencia de mejora en los precios internacionales del coque y del carbón siderúrgico, -donde Boyacá es el principal jugador- dadas las condiciones del mercado mundial, y siendo en este momento el país el tercer productor mundial, el panorama no puede ser más halagüeño, pero a la vez preocupante e incierto si se ven los conflictos que subyacen y que están descritos arriba con los intereses de los demás actores.

Entonces, que el gobierno nacional y el congreso aplique el acelerador para resolver los conflictos legales que emergen de este escenario, que se den reglas claras para las partes y que se hagan esfuerzos adicionales para conciliar los puntos más álgidos; mientras que las autoridades regionales tienen la obligación de asumir un liderazgo mayor en lo local para arbitrar los intereses de sus comunidades y de los empresarios industriales y mineros, donde el gobierno departamental y cada alcalde en particular, tienen papel importante para ayudar en el éxito que ofrece la actividad minera e industrial del carbón coque, así como de otros tipos de minería, y se evite a toda costa la agudización de los problemas, a la vez que los nuevos ingresos sean canalizados debidamente para diversificar y empoderar en otros frentes las economías regionales, lo cual debe corresponder con la presencia de un gremio de mineros e industriales fuerte y consciente de estos asuntos.

Carbón Coque: futuro incierto

La explotación del carbón tipo coque parece ser la meca del sector minero en Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. 925 millones de dólares es lo que vale está industria hoy y su valor parece estar al alza; son 39 municipios boyacenses y 18 de Cundinamarca los que hoy presentan esta actividad, al año se exportan 2,5 millones de toneladas, lo que equivale al 37% de las exportaciones de café y al 70% de las exportaciones de flores.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Esta bonanza, que ya va a cumplir dos años tiene que llegar a su fin. Así lo dan por hecho los empresarios dedicados a su explotación, que en otras épocas han tenido que ver y sufrir con la caída de los precios, y que saben que el comportamiento en el mercado es cíclico; así que si hoy el carbón tipo coque se vende a buenos precios en un futuro próximo podría no ser así.

Hoy Colombia ocupa el tercer puesto a nivel mundial en exportaciones, teniendo como meta en el corto plazo; es decir, al terminar este año, llegar a las 3 toneladas de carbón coque exportadas. Pero para ello es necesaria la implementación de tecnologías apropiadas para su procesamiento, también una adecuada infraestructura vial y en general de transportes que permita llevar el carbón coque, que se produce en el interior del país, a los puertos. También es necesario mejorar los procesos para la coquización.

Y como otros sectores mineros, los productores de carbón coque reclaman que la minería sea una política de Estado, con todas las garantías jurídicas que esto implica. Los empresarios esperan del gobierno que se haga realidad la promesa de duplicar la participación del sector minero en el PIB, y para ello sería esencial el financiamiento estatal para la pequeña minería. También señalan los empresarios y productores que si hay algo vital para la supervivencia de la industria son los contratos a largo plazo. Que garantizan estabilidad y flujo de caja en los periodos de recesión, de caída de los precios.

A estos pedidos le suman el pedido de inclusión del sector minero a la política de obras por impuestos, que como dice su nombre implica la realización de obras en beneficio social a modo de sustitución del pago de impuestos. De implementarse, esta brindaría una mejor imagen ante las comunidades donde se ejerce la explotación del minería, dejando como resultado de la explotación una completa infraestructura y desarrollo social.

Carlos Parra, gerente de C.I MILPA, así lo señala, recalcando que de aprobarse una iniciativa así, tendría que realizarse un trabajo mancomunado con autoridades municipales y departamentales para determinar las obras que son prioridad para las comunidades.

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