Desde El Altar de la Patria, el rechazo absoluto a cualquier intervención militar en Venezuela

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Pudiera ser un lugar común pero creemos que no: desde el Altar de la Patria, desde el escenario ‘cuna y taller de la libertad’, según lo dijo el mismo Bolívar, luego de la Batalla de Boyacá, en este momento, justo cuando entramos en el último año de la celebración del Bicentenario de este acontecimiento que dio origen a la independencia de las cinco naciones andinas, incluida Panamá, desde aquí, como región, como ciudadanos y demócratas, tenemos que rechazar de manera absoluta cualquier asomo, cualquier insinuación, que pretenda justificar, o siquiera mencionar la posibilidad de un conflicto con Venezuela, bajo ningún tipo de argumento y menos que este digan que es de carácter humanitario, como pretenden desde los sectores más recalcitrantes del gobierno del presidente Duque.

El hecho de que los dos funcionarios del más alto nivel y responsabilidades en el manejo de la política exterior colombiana, Carlos Holmes Trujillo García como Canciller y Francisco Santos Calderón como embajador en Washington, hayan coincidido en una misma semana con declaraciones y actitudes que dejaron ver que en efecto se puede considerar la salida militar para deponer al régimen de Nicolás Maduro, y ello en el coro que en el continente ha venido dirigiendo la figura del secretario General de la OEA, Luis Almagro, que en tierras de Cúcuta prendió el fuego demencial de la posible intervención, debe ser rechazado, como en efecto lo ha sido, por la gran mayoría de los colombianos y en el caso particular, lo es por el pueblo boyacense que precisamente en la última década ha dado muestras de una robusta y extraordinaria voluntad de defensa de los intereses colectivos y de los valores de la paz y la democracia, tal cual ha pasado con los movimientos agrarios y del transporte, con el plebiscito por la paz y ahora más reciente con la consulta anticorrupción.

De modo que desde Boyacá, un departamento que también ha sufrido el flagelo del desplazamiento de su población, por los mismos o peores motivos que los que hoy se ven en Venezuela, decimos que solucionar el incendio apagándolo con gasolina merece el rechazo más radical. Vale recordar que en las últimas tres décadas del siglo pasado la migración de nuestros coterráneos hacia Venezuela fue incesante desde las provincias de Norte y Gutiérrez, junto con García Rovira de Santander; estas regiones se han despoblado en los últimos 50 años en una tendencia que no se ha podido revertir hasta el día de hoy. La llamada Provincia de la Libertad conformada por los municipios de Paya, Pisba, Labranzagrande y Pajarito, en los últimos 20 años del conflicto colombiano ha sufrido el peor fenómeno de desplazamiento interno, lo mismo que ha pasado con Puerto Boyacá, y sin dejar de mencionar el Occidente del departamento, víctima de otra guerra interna que dejó más de cinco mil muertos en tan pequeño territorio y en proporción tan grande con respecto a su población total; guerra de la cual todavía no se ha recuperado.

Y si se miran las cuentas nacionales en este mismo escenario del desplazamiento, los resultado no son mejores, como para alegar que tenemos alguna autoridad para decir ahora que somos partidarios de una intervención militar para deponer un gobierno. En los últimos 50 años desde Colombia se han ido para Venezuela más de cinco millones de personas, desplazadas por la miseria, la violencia y la falta de oportunidades; Colombia, en la crisis económica de 1998, que se prolongó hasta 2004, vio irse a más de 4 millones de sus ciudadanos, además los mejor formados. Este mismo país ha sido el protagonista de uno de los procesos de desplazamiento interno más crueles de la historia reciente en el mundo. Se calcula que en por lo menos unos seis millones de personas han sido desplazadas de sus tierras, además para robárselas. La cifra es aterradora: más de seis millones de hectáreas fueron expropiadas como producto del desplazamiento de sus habitantes. Y todo esto se ha hecho a punta de fusil, sin que el Estado colombiano haya resarcido semejante crimen.

Ahora bien, se dice que al país han ingresado desde 2015, alrededor de un millón doscientos mil venezolanos y que se ha creado la peor crisis de refugiados de que se tenga noticia y que esto está afectando desproporcionadamente a Colombia. Sin embargo hay que ir con cuidado. Según estimativos serios, de esas personas que han ingresado al país desde Venezuela en este tiempo, alrededor de la tercera parte son ciudadanos con cédula colombina que de alguna manera estaban en Venezuela; otra tercera parte son ciudadanos que tienen la doble nacionalidad, es decir, que pueden vivir en uno u otro país, porque sus gobiernos así lo posibilitaron; y, apenas, la otra tercera parte, en efecto, son ciudadanos venezolanos, de modo que no hay que perder de vista la calidad de estas cifras.

Entonces, desde las regiones, en este caso, desde Boyacá, en vísperas de la celebración del Bicentenario de la Independencia, rechazamos de forma categórica cualquier idea de intervención y definitivamente nunca una de tipo militar, la cual sería la ruina para las dos naciones y la prolongación quizá de otros doscientos años de calamidades para una buena parte de nuestra población que jamás ha sabido para qué sirven la libertad y la democracia.

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