Casos de abigeato en el bajo Ricaurte llevan más de seis meses

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Este es el método que usan, sacrificar el animal en el sitio, llevarse el canal y dejar las vísceras.

Esto de acuerdo con denuncias de la comunidad de los dos municipios de la hoya del Río Suárez, en la provincia del Bajo Ricaurte.

De acuerdo con tales denuncias en los últimos dos meses se han presentado múltiples casos en los cuales el modus operandi de los abigeos es el mismo: llegan a las fincas en la noche, sacrifican los animales, dejan por lo general las vísceras, las patas y la cabeza y se llevan el canal de la res.

Los perjudicados han acudido en reiteradas ocasiones a los comandos de la policía en ambos municipios, pero la respuesta de control no se ha dado, por lo que solicitan que el comando de la entidad en Boyacá tome cartas en el asunto.

Por lo pronto, los propietarios de las fincas han tratado de organizase y coordinar redes de comunicación para advertir de cualquier movimiento sospechoso, mientras tratan de proteger sus animales dejándoles en la noche cerca de las casas.

Este es el método que usan, sacrificar el animal en el sitio, llevarse el canal y dejar las vísceras.

Sin embargo, lo que realmente esperan los dueños de las fincas de la región es que los servicios de seguridad del Estado den con los responsables y apliquen las penas establecidas en la reciente ley 1944 el pasado 28 de diciembre, que crea tipos penales de abigeato y abigeato agravado.

Esta nueva ley había sido objetada por el Gobierno Santos por razones de inconveniencia, pues calificaba la propuesta de incoherente con la política criminal, específicamente en lo relacionado con la proporcionalidad de las penas.

De acuerdo con la nueva ley, quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas, equinas o porcinas plenamente identificadas incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 25 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si el valor de lo apropiado excede los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 72 a 132 meses y multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de 84 a 144 meses cuando el hurto de semovientes se cometa con violencia sobre las personas.

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