La perfidia como estrategia estatal

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Foto: Revista Semana

Por: Vicente Ramírez Garzón, Periodista

La exigencia del Estado Colombiano, a través de su Jefe, el P de la R, a la República Cubana para que le entreguen, capturados  y extraditados a los Jefes del ELN, con quienes venía negociando un acuerdo de paz es, a todas luces, una acción típicamente pérfida, que va más allá de la confianza manifestada al inicio de las negociaciones, consistente en respetar un lapso, si no se lograba concretar el acuerdo, para que esos comandantes regresaran a sus lugares de origen con condiciones mínimas de seguridad estatal.

No hacerlo, incumplir la palabra del Estado porque el gobierno cambió, es una contradicción en los términos, que pone en riesgo la existencia del mismo Estado. Nadie y menos el Jefe del Estado puede alegar su mala fe para clamar justicia, por graves y dolorosos que hayan sido los hechos que, de uno y otro lado, motivaron la ruptura de las negociaciones.

El clamor de justicia, precisamente, se funda en la  majestad del Estado para dirimir los conflictos de manera imparcial, objetiva; otorgando las mismas garantías a todos los asociados, incluidos aquellos que, con razón justa o sin ella, se le rebelan.

En esa exigencia del Estado Colombiano al de Cuba  va implícita la renuncia de Colombia al concierto de las naciones civilizadas, la afrenta al derecho internacional en todas sus especialidades, en particular el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; la renuncia al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, ante la cual ha acudido, cínicamente, para acusar a su homólogo el actual Jefe de Estado Venezolano.

En esa exigencia va de salida, arrojada por la borda del concierto  mundial, la honra de la Nación, que es un valor intangible, imperceptible, pero existente al momento de contratar, de hacer acuerdos con los demás Estados Nación, y con las demás entidades del Sistema Internacional como la Cruz Roja o el Estado Vaticano.

Esa petición es sencillamente delirante porque le sobra arrogancia, mendacidad y barbarie, mientras adolece de razón jurídica, de equilibrio político,  de sentido lógico, y de patriotismo, entendido como el compromiso serio y virtuoso por la seguridad y estabilidad de la sociedad civil a la que el Presidente  ha jurado defender.

Esa petición es un absurdo que, obviamente, no será aceptada por el Estado Cubano ni por los Estados garantes: Chile, Venezuela, Noruega y Brasil, so pena de caer en la misma sin razón.

Pero es pertinente preguntarse: ¿cuál es el origen de esa atrevida exigencia?

Si se repasa la historia reciente del país, para no ir tan lejos, se encontrará que la perfidia ha sido utilizada como una estrategia estatal en el objetivo de liquidar  y eliminar física y totalmente a quien, en forma previa y doctrinal, ha definido como “enemigo interno”.

Es una estrategia que además de abominable  resulta fallida y generadora de nuevas olas de violencia en el tormentoso mar de las vicisitudes nacionales.

Un solo ejemplo, por emblemático, es suficiente para demostrarlo: la perfidia utilizada para  rescatar a Ingrid Betancourt; donde, como ya es conocido publica y suficientemente, se  “engañó al enemigo” con base en ardides de mala fe, que incluyeron los distintivos de la Cruz Roja  y de la Prensa Internacional; operación que ha sido considerada exitosa porque se logró el objetivo, por parte de quienes la planearon y ejecutaron.

Este éxito, en el sentido de salida, fue aceptado por amplios sectores sociales; no era para menos, se había recuperado del secuestro a varias personas; sin fijarse, o peor aún, aceptando la actuación de mala fe, la perfidia.

Y esa estrategia sigue siendo avalada por los viejos y nuevos partidos políticos tradicionales de Colombia: Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical y la U, entre otros.

Después de ese éxito, de esa salida, nadie ha calculado sus costos, los efectos del mismo sobre el discurrir nacional, y nadie lo va a hacer porque obligaría a valorar otras acciones pérfidas, y quien se ponga en esa tarea, por su buena fe, sufrirá el estigma injusto de haberse negado a aceptar o aplaudir ese éxito.

Ahora, se dice que es la típica perfidia porque de eso se trataba en la diplomacia romana: convencer a los sitiados, a los invadidos y rebeldes de aceptar los términos  de una negociación, y cuando éstos ingenuamente aceptaban: asesinarlos. Así se pronunciaba el Imperio, inapelable, Roma locuta est.

Eran épocas de bárbaras naciones, donde el abuso, el atropello, la invasión, el crimen y, claro, la perfidia eran de buen recibo; pero post siglo de las luces, aceptar semejantes tropelías es por lo menos un acto retrógrado.

Desde luego que aun hoy el Imperio tiene como método la perfidia, porque sus teóricos y diseñadores de política consideran  que la necesitan para consolidar su expansión y conservar su poder sobre las regiones y habitantes recolonizados. Sencillamente tienen la fuerza para hacerlo y por eso un día firman solemnemente un tratado internacional, por ejemplo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y días después, con manifiesta y clara perfidia, borran, retiran esa firma, prevalidos precisamente del extraordinario poder del que disponen; así mismo proceden con el Tratado de París sobre el Cambio Climático; y así proceden en todas y cada una de las acciones y los actos en los que dan fe; trocando así el principio rector del derecho internacional, del Pacta Sunt Servanda, por el de : “Los pactos son para incumplirlos”.

Desde luego, los efectos de esas decisiones son devastadores para la humanidad como  lo demuestran las guerras en el medio oriente, y el aumento de la temperatura mundial; pero tienen la fuerza suficiente para hacerlo, y, por cruel que sea, se imponen, dominan bajo el principio de la perfidia, pero no hacen el ridículo.

Por el contrario, cuando un Jefe de Estado, como el de Colombia, pretende usar la perfidia como estrategia, de entrada hace el ridículo, ante el propio país y el mundo porque es fácilmente descubierto, y no cuenta con el potencial que le permita imponerse por esa vía, la consecuencia inmediata es  la demencia social, la anomia y nuevas olas de violencia.

Por eso Colombia debe saber que un silábico embajador de éste gobierno llevó el mensaje, a los Jefes rebeldes que ahora se pide capturar, de no firmar la tregua bilateral en ciernes con el anterior Presidente, y que dieran una espera para  firmarla mejor con el nuevo; aceptaron la propuesta y el nuevo Presidente les incumplió; dejando al embajador en ridículo, y a los otros, avisados de la perfidia.

Adicional a ese origen cómico de la perfidia Colombiana, está ese largo camino que constituye la ataguía para torcer el curso de la historia nacional, que ya creía haber redireccionado la sociedad del conflicto armado hacia la civilidad; ataguía constituida por el conjunto de acciones orientadas a desconocer, o hacer trizas el Acuerdo de Paz, tal cual lo anunciaron.

Y a fe que lo están logrando, con un Jefe de Estado  que conoce y aplica exclusivamente la parte pérfida de las investigaciones del humanista Maquiavelo.

Y lo lograran definitivamente, sumiendo al país en el horror,  si una profunda y seria conciencia nacional no se manifiesta para exigir a plenitud que: la buena fe, la democracia y el cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales sea la nueva ataguía del Estado.

El encofrado de esa ataguía tiene que ser la información veraz y oportuna sobre los hechos violentos del conflicto supérstite, y el alma de la misma ha de ser una organización impermeable a los oportunistas,  y a quienes venden la conciencia, construida por las sociedades, a cambio de un ministerio, una prebenda o una embajada, que los convierte en privilegiados abominables.

En fin: perfidia o buena fe. He ahí; no el éxito sino el progreso de la sociedad y la dinámica racional del Estado.

1 COMENTARIO

  1. Aclaración básica. Cuando se firma un acuerdo de ese tipo, sí se convierte en una política de Estado, pero las conversaciones en sí mismas no pasan de ser manifestaciones de buena voluntad de los gobiernos que no pueden comprometer de ninguna manera al Estado como tal.

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