Por: Paola Andrea Díaz Bonilla

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno departamental, a través de la Dirección de Convivencia de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Boyacá, participó en las actividades efectuadas en el municipio de Pajarito, para impulsar la Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado.

Esta actividad se adelantó en el marco de las acciones emprendidas en el departamento para dignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado padecido en esta región del país.

Una jornada que sirvió de motivo, para dar a conocer a la comunidad pajariteña los resultados de la investigación en la que se recogieron los principales hallazgos y análisis realizados a partir de distintos testimonios logrados, que sirven como reflejo de los hechos acaecidos en el municipio de Pajarito.

Esta indagación por las memorias del conflicto armado en Boyacá, tiene como premisa fundamental reconocer y dignificar a las víctimas, con apoyo de la Mesa Departamental de Víctimas, para llegar a concertar como caso emblemático a desarrollar, la toma guerrillera sucedida el 10 de septiembre de 1997 en el municipio de Pajarito, por parte de las FARC, EP.

En el marco de esta indagación, se identifica que la conflictividad sociopolítica en Boyacá puede ser entendida desde una visión regional, en su integración a departamentos como Arauca, Casanare o Cundinamarca, cuyo contexto e historia es necesaria para entender como el departamento se ha insertado en este mapeo de victimizaciones. A partir de ese análisis es donde los hechos ocurridos se hacen evidentes y toman forma dentro de los intereses que han configurado a Boyacá como espacio geoestratégico de los actores armados, específicamente de las insurgencias en el propósito pasado de tomarse la capital del país y así concretar la toma del poder.

Haciendo un rastreo de información estadística que permita contar con una idea más clara de los hechos ocurridos en Boyacá, de acuerdo al registro único de la Unidad de Víctimas, en Boyacá, con corte al primero de enero de 2019 se registraron un total de 50.257 víctimas en los distintos hechos que esta entidad registra. De esta cifra, el mayor número corresponden a desplazamiento forzado con un 66.2% (33.256), seguida de los homicidios con un 17.5% (8.836), la amenaza con 6.8% (3.451) y desaparición forzada con 4.4% (2.233) del total.

Otra fuente institucional como el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica indica que en el departamento de Boyacá entre 1959 y 2016 se desarrollaron 26 ataques a la población, los cuales se dieron en 19 municipios; también se presentaron 49 hostigamientos ocurridos en el mismo número de municipios. Por último, se identificaron 17 ataques a instalaciones militares, cuyas zonas más afectadas fueron la región nororiental, seguida del occidente y suroriente del departamento. Haciendo una correlación entre los tres tipos de modalidades de victimización de acuerdo a los escenarios de ocurrencia, las zonas más azotadas por estas acciones fueron las provincias La Libertad, Valderrama, Norte y varios municipios de Sugamuxi. El siguiente mapa condensa los datos descritos:

Mapa 1: Número de municipios de Boyacá con incursiones guerrilleras. Fuente: construcción propia tomando como referencia la base de datos del Observatorio en Memoria y Conflicto, 2018.

Toparnos con la violencia

El verbo topar, es un modismo que ha recreado nuestra idiosincrasia boyacense, y que forma parte de nuestra tradición oral, cuyo significado es sinónimo de encontrarse o encontrar. Retomar esta palabra parte de una expresión identificada en uno de los relatos y que actúa como referente del encuentro sorpresivo e infortunado que la comunidad pajariteña tuvo con la violencia armada.

Este municipio ubicado en la zona oriental del departamento de Boyacá, más específicamente en el piedemonte llanero forma parte de la provincia La Libertad; una zona que lamentablemente no solo recibió los embates de la guerra, sino que ha sido víctima de un abandono estatal histórico, que hasta solo hace unos años ha venido cediendo gracias a la voluntad política y el compromiso de las instancias gubernamentales.

Panorámica del Piedemonte llanero donde se ubica el municipio de Pajarito a orillas del río Cusiana. Todas las fotos: Paola Andrea Díaz Bonilla

Quizá el hecho más doloroso que sufrió esta comunidad fue la toma del 10 de septiembre de 1997, la cual dejó un total de 8 víctimas mortales, 3 mujeres civiles y 5 policías; además de los cuantiosos daños a los bienes civiles, institucionales y comunitarios como el puesto de salud, la Caja Agraria o el comando de policía. A continuación, se hace una reconstrucción detallada de la toma guerrillera en la siguiente infografía:

Afrontando y resistiendo a la guerra

Describir los momentos vividos durante la toma del 97, significa para los/as pajariteños/as revivir la angustia, impotencia y frustración que pasaron durante las horas que duró el ataque a la población. Sin embargo, y por encima del dolor que aún se percibe de esta experiencia personal y colectiva de sus pobladores, afloran en sus narraciones numerosas acciones de resistencia que mitigaron el daño ocasionado por las múltiples pérdidas. Ser testigos directos de la destrucción de los referentes que hacían parte de su territorio no fue impedimento para persistir en el sentido de construir comunidad.

Luego de sucedida la toma y pasadas varias semanas donde rondaba la confusión, la comunidad encontró en su esencia como pueblo aguerrido y valeroso, las fortalezas para identificar los recursos colectivos que poseían y emplearlos en pro de la reconstrucción material, económica y simbólica que fue seriamente afectada. Fue así, un trabajo personal, familiar y comunitario arduo, que le permitió a la población pajariteña darse cuenta de cómo la solidaridad y unión hacían parte fundamental de los valores que caracterizaban su idiosincrasia. Conocerse y reconocerse en medio de la adversidad y el dolor constituyó para este territorio uno de los recursos más valiosos en la reconstrucción del tejido social fracturado junto con la capacidad de sobrevivir a la exacerbación que el conflicto armado traería en los años que seguirían a la toma guerrillera.

Con la solidaridad y capacidad de trabajo, vino también la resistencia de la comunidad impidiendo que el conflicto siguiera su escalonamiento. Es de esta manera como una gran parte de la población optó públicamente por oponerse a tomar partido dentro del conflicto, asumiendo la neutralidad como población civil. Uno de los testimoniantes nos comparte cómo fue empezar:

“…de ceros, pero entonces se personaliza uno del dolor ajeno, y ahí es cuando se comienza a trabajar, no importa las adversidades de la vida, siempre se trabaja en unión y la gente es muy fuerte, muy fuerte para recuperarse; en Pajarito la gente no pierde la esperanza de seguir adelante”.[1]

Las resistencias cotidianas fueron las que permitieron que el arraigo de los/as habitantes de Pajarito se fortaleciera, para identificar los múltiples sentidos anclados en las experiencias de vida, los lazos y relaciones construidas, como marcos que la memoria cimenta en el espacio habitado. Lo valioso de ese proceso es cómo las personas confrontan con su presencia la violencia que los actores armados imponen para no desistir de su permanencia en el territorio.

Estas prácticas que desprevenidamente pudieran ser sinónimo de pasividad, hacen parte de un sinnúmero de vivencias que han tenido que enfrentar las comunidades, quienes durante décadas forzosamente han convivido con los actores armados haciendo uso de la resistencia pacífica y pervivir así en su terruño.

Pajarito, ¿“un pueblo de guerrilleros”?

Luego de la toma del 10 de septiembre de 1997, Pajarito empezó a tener el rótulo de pueblo guerrillero, el cual, a su vez, por muchos años fue catalogado como zona roja del departamento. Con la etiqueta que comenzaron a portar los/as pajariteños/as, se dio inicio a una fuerte estigmatización de la población; una denominación tan injusta y a la vez tan potente, que justificó y accionó más violencias y discriminaciones para sus habitantes.

Esta identificación arbitraria y que, en casi todos los casos que se han documentado en el país, carece de argumentos y evidencias sólidas, es que se han ido fundamentando una serie de suposiciones e imaginarios sociales que asumen que no es posible que actores armados y sociedad civil cohabiten un mismo territorio sin que afloren señas de favoritismo, colaboración y legitimidad de su accionar con el conjunto de la población.

“Otro problema grave que teníamos era la estigmatización del pueblo, Pajarito era como si fuera el centro de acción de la guerrilla, todo mundo, todo malo a nivel nacional, tocaba salir y nunca ir a decir que éramos de Pajarito porque corríamos riesgo de que, si no nos hacían alguna cosa, como mínimo nos insultaban, nos decían que éramos guerrilleros, siempre era así en todo lado”.[2]

De San Benito para abajo, usted era guerrillera. Usted no podía bajar porque la mataban. Una vez en Aguazul le dieron a los pajariteños 5 minutos y, si no, y fuera que lo mataran a uno, así matao, pero allá era que lo despedazaban, pedazo por pedazo, vivo, para que fuera uno a confesar lo que no es, pues uno no podía ir por allá”.[3]

Claramente la estigmatización social y territorial fue de las afectaciones que mayor impacto ocasionó a la comunidad pajariteña, la cual, tuvo sus máximas repercusiones en décadas atrás, pero que infortunadamente continúa pesando en los/as moradores/as de este municipio, quienes demandan acciones simbólicas y materiales encaminadas a limpiar la honra de este pueblo afectado, para dignificar las memorias y trayectorias de vida de todas las víctimas que dejó el conflicto armado en Pajarito, avanzando en la dirección de deconstruir el imaginario socialmente instalado que lo ubicó como un pueblo de guerrilleros/as.

Librarse de este encasillamiento y sus consecuencias hace parte fundamental de las necesidades que presentan los/as pajariteños/as frente a la reparación integral, que no solo consideran debe ser individual, sino que trasciende a la esfera colectiva. Por esto, para el Estado constituye un imperativo ético y una obligación constitucional y legal, tener en cuenta las afectaciones colectivas que sufrió el municipio de Pajarito por cuenta de la estigmatización, para así reparar las consecuencias negativas que dejó en la vida de sus pobladores con un propósito primordial: transformar la marca criminalizadora que conllevó la ampliación de mayores repertorios de violencia en contra de la población.

Luego de 21 años de sucedida esta incursión guerrillera en Pajarito, el deseo ferviente de construir paz para la región y el departamento no se desdibuja para sus pobladores. Sergio[4] lo ejemplifica sabiamente a través de estas palabras:

“Hoy en día, aunque han pasado varios años del momento más crítico de esta confrontación armada y tengamos momentos de paz, no dejo de conllevar todas y cada una de las secuelas tanto físicas como mentales que acarrea haber tenido una infancia ligada a la violencia. Sé que viviré de por vida con estos trágicos sucesos y los recuerdos por más que quiera olvidarlos se aferran a mí y a pesar de eso, mi más grande sueño es que aquello que tanto deseaba de niño se haga realidad, poder vivir en PAZ”.

[1] Testimonio 4, hombre adulto

[2] Testimonio 10, hombre adulto mayor

[3] Testimonio 8, mujer adulta mayor

[4] Este fragmento pertenece al escrito Anécdotas de la vida… una mirada a la infancia, de Sergio quien es víctima-sobreviviente de los sucesos acaecidos en Pajarito, Boyacá.

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