En Cooservicios: incumplimientos, violación a sus Estatutos y prácticas ilegales no autorizadas e inseguras

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Barrio cooservicios

Estas son las razones principales que arguyó la Superintendencia de la Economía solidaria para justificar la intervención de la Cooperativa de Servicios de Tunja, Cooservicios, cuya situación hoy se denuncia como grave, ante la intervención y las decisiones que se están tomando, que tal como van las cosas terminará en la liquidación de la entidad o en la fusión con alguna otra entidad afín que tenga la capacidad y quiera asumir su control.

De acuerdo con un comunicado enviado por el superintendente del ramo, Ricardo Lozano Pardo, ante las informaciones entregadas por este medio, asegura que lo que está haciendo su despacho es proteger los intereses de los asociados y ahorradores de la entidad mediante la “Toma de Posesión de los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa de Servicios de Boyacá – COOSERVICIOS O.C., por configurarse las siguientes causales: incumplimiento reiterado a las instrucciones del Organismo de Control, violación a los Estatutos de la Cooperativa y prácticas ilegales no autorizadas e inseguras”.

De acuerdo con el funcionario, esto configura las razones fundamentales de la intervención “con el fin de salvaguardar los intereses de los ahorradores y asociados a la Cooperativa”.  

Los temores

Basta con mirar los antecedentes de las intervenciones de las superintendencias en las entidades correspondientes para abrigar serios temores sobre los resultados finales, tal como ha sucedido en los últimos 20 años en Boyacá con la Caja Popular Cooperativa y Comfaboy. En el primer caso, la intervención del entonces Dancoop, terminó en la liquidación de la Caja, previo el más descarado saqueo, sobre el cual nadie respondió y, hoy 22 años después, al departamento y al país nadie le ha contado lo sucedido. Lo único cierto fue que la Caja Popular desapareció de la mano de la entidad de control y de la casa política que manejó la intervención que para este caso fue la del entonces senador Ciro Ramírez Pinzón.

En el caso de Comfaboy, las intervenciones sucesivas, también en estos últimos 20 años, han dejado la sensación de que resulta peor el remedio que el mal, que no se sabe quién comete más tropelías, si los administradores ordinarios o los agentes de intervención. Por eso, ahora que se anunció la intervención de Cooservicios de Boyacá, cooperativa que relativamente es muy pequeña, pero que tiene una gran historia y arraigo en la comunidad tunjana, asaltan de inmediato las dudas y los temores sobre los resultados de la intervención.

Por eso, cuando se conoció que la intervención actual proyecta la venta de activos de la entidad, consistente en la casa que ha servido como sede en el centro de Tunja, y del Centro Recreacional en Barbosa (Santander), de inmediato saltan las alarmas acerca de cómo serán esas ventas, dado que las experiencias con los avalúos también son muy complejas. Vale recordar lo que sucedió con Comfaboy hace más de 20 años, cuando estando intervenida esa entidad, se hizo la negociación del hotel Panorama de Paipa, el cual estaba avaluado por entonces en unos 2.200 millones de pesos, pero que cuando apareció Comfaboy como cliente, se revaluó y pasó a valer más de 4 mil millones de pesos del momento, que fue en lo que finalmente se compró. También por esa época, el alcalde de Tunja, Jairo Aníbal Díaz desbarató el negocio de los terrenos donde hoy está Ciudad Jardín y Pinos de Oriente, los cuales fueron comprados por su antecesor, Manuel arias Molano, a razón de 2.160 pesos el metro cuadrado. Jairo Aníbal anuló el negocio, para luego comprar la otra parte del mismo terreno a más de 5 mil pesos el metro cuadrado. Fue curioso por entonces que el avaluador para el hotel Panorama que compró Comfaboy y el cambio de la compra de los terrenos mencionados fue el mismo: Edgar Gómez Martínez que por entonces era el presidente de la Lonja de Boyacá y que después fue Secretario de Planeación del Departamento.

En el caso de la venta de activos que se anuncia en Cooservicios, se dice que su avalúo está por debajo del precio comercial. (Sobre este asunto de los avalúos y o que en realidad pasó en Cooservicos, volveremos en una próxima entrega).

Superintendente reitera compromiso de transparencia

En la mencionada comunicación del Superintendente  a El Diario, el funcionario reafirma su compromiso con la estricta vigilancia al proceso de intervención manifestando que “en el mismo acto administrativo (el de la intervención) se designó como Agente Especial al señor Martiniano Barona Valencia, profesional que cuenta con la idoneidad requerida y una amplia experiencia en el sector solidario” y que su salario al igual que el del Revisor Fiscal, por concepto de honorarios, son fijados por la Superintendencia de la Economía Solidaria de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 617 de 2000, con cargo a la intervenida”. Esto para significar que estos costos no son arbitrarios ni exagerados y que “la Superintendencia está realizando un continuo seguimiento al desempeño de la Entidad y a la labor del Agente Especial, de acuerdo con lo señalado en la ley”. 

El Superintendente hace énfasis en que lo primero que hizo su despacho fue propiciar que mediante Resolución 02375 del 12 de abril de 2019 y por solicitud del Agente Especial, el Superintendente autorizó realizar la devolución a aquellos ahorradores que tenían saldos en sus cuentas hasta por la suma de seis (6) millones de pesos, beneficiando con ello a más de 1.000 ahorradores de los aproximadamente 1.300 que tenía la Cooperativa al momento de la intervención”. 

Sin embargo, el Superintendente dice que “NO es cierto que el Agente Especial esté realizando la venta de los activos de la Cooperativa, dado que la intervención se encuentra en la etapa en la cual la Superintendencia debe establecer la situación real de ésta, previniendo un deterioro patrimonial de la organización y la afectación de los recursos de los asociados”, pero esto no es exacto del todo, dado que ya el Agente Interventor tiene en su mesa de trabajo los avalúos de los bienes descritos. En todo caso, la Superintendencia dice el objetivo principal de la intervención es determinar “si se pueden adoptar medidas para que la Cooperativa pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las reglas que la rigen; o si pueden tomar otras medidas en beneficio de los ahorradores y asociados”.

Sobre los quiénes son los responsables de los  “incumplimientos, violación a sus Estatutos y prácticas ilegales no autorizadas e inseguras”, se hablará en la próxima entrega de esta historia, lo mismo que de los avalúos de los predios, cuál es su valor y quién los hizo.

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