Varios hechos de las últimas semanas deben poner sobre la mesa este tema para que el departamento lo analice y presione los correctivos a que haya lugar.
Los escándalos que han empezado a aflorar sobre los abusos que viene cometiendo la Universidad de Boyacá con sus estudiantes, están lejos de quedar superados con la reciente inauguración de la sede de Sogamoso llevada a cabo hace pocos días. Los costos de las matrículas, los demás que se inventan todos los días para exprimir a los estudiantes han sido el principal detonante, porque es lo que más le duele al universitario y a su entorno familiar; pero más al fondo está lo que ha denunciado una de tantas estudiantes perjudicadas de la carrera de medicina, y que tiene a Rosa Amalia Payeras, la rectora y representante legal de la Universidad con la sanción ya confirmada de tres días de arresto por desacato a una tutela, y es que después de pagar durante nueve semestres más de 100 millones de pesos en costos directos a Uniboyacá, ahora que intentó homologar en otra Universidad para terminar su carrera, se encuentra con que en ninguna facultad de medicina seria de este país la reciben por la sencilla razón de que la carrera de medicina de Uniboyacá no está certificada, es decir no cuenta con el nivel de calidad que se exige en el país. Y es que este no es un invento de la estudiante, de quien pueden decir que está resentida o que son aspavientos de sus familiares.
No; resulta que la prueba sobre la condición de las universidades privadas de Boyacá y de muchas otras del resto del país, la entregó el propio gobierno nacional en la clasificación que hizo de las universidades, públicas y privadas, que aplican para recibir los estudiantes beneficiarios del nuevo programa de becas para que los mejores puntajes de las pruebas de Estado de los estratos bajos, puedan acceder a una carrera universitaria. La condición del gobierno es que los estudiantes becados deben ingresar a una universidad que se haya acreditado como de alta calidad; y, en Boyacá, la única que cumple el requisito es la Uptc.
Si las demás universidades existentes en el departamento, que son las privadas, no están certificadas, entonces qué papel están jugando y qué hay que hacer. Es de anotar que en la percepción de la comunidad regional existe el convencimiento mayoritario de que la calidad de la educación impartida por la misma Uniboyacá, la Universidad Juan de Castellanos, regida por el obispo Luis Augusto Castro y la Santo Tomás, con dos sedes, una en Chiquinquirá y la de Tunja, regidas por la comunidad dominicana, no están certificadas como de alta calidad; pero, en cambio, tienen los costos de matrícula como si lo fueran, emulando con las de Bogotá, la Javeriana, el Externado o el Rosario, para citar algunas.
Por eso sonó tan extraño en estos días lo que dijo el Secretario de Educación del departamento cuando en la inauguración de la sede de Uniboyacá en Sogamoso pidió “que el Congreso de la República y el alto gobierno le dé una mirada a la institución superior, para que los mejores estudiantes del departamento y del país también puedan llegar a estudiar en recintos universitarios como el que se está inaugurando hoy”.
No se necesita ninguna ley ni ningún trámite especial, en ninguna parte, para que los estudiantes accedan a las sedes “tan bonitas” como la que acaban de inaugurar los Correal – Payeras; lo que pasa es que el gobierno dijo que las becas aplicaban para que los estudiantes lleguen a verdaderos centros de formación universitaria; es decir, las universidades receptoras, públicas y privadas -en esto no hay discriminación-, deben ser acreditadas como de alta calidad.
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Por eso, lo que en sana lógica debió solicitar, de manera categórica el Secretario Olmedo Vargas, en esta inauguración, era que tanto los Correal, como Castro Quiroga, y los dominicos con sus sedes regionales, trabajen para acreditar sus respectivas “universidades” como de “alta calidad” y los estudiantes de Boyacá puedan cursar sus estudios en ellas con las becas del gobierno.
Así que lo que se abre aquí es un amplio debate sobre la calidad de la educación que están ofreciendo las universidades privadas, que van creciendo mucho en sus infraestructuras, es decir que como negocios funcionan de maravilla, pero siguen rezagadas en la calidad, la cual no basta con nombrarla en los anuncios publicitarios, sino hacerla realidad en la formación de los estudiantes.
En el caso de la Universidad de Boyacá, con las denuncias hechas por los estudiantes en los últimos meses, lo que se hace urgente es una rigurosa auditoría que proteja los derechos de estos a recibir una educación de alta calidad; y a sus familias, se les garantice que el patrimonio invertido, cuyas sumas ya son respetables, no constituya una pérdida irreparable.
El problema es nacional
En estos días la Revista Semana ha publicado un extenso artículo sobre la situación de varias universidades que presentan serias dificultades de manejo. La cifra que da la revista asegura que “Solo 20 de las 245 instituciones de educación superior que hay en Colombia (se supone que de las privadas) son de alta calidad, y el crecimiento de matrículas entre 2002 y 2013 fue de 115 por ciento. Un flujo de dinero enorme, que tiene poca vigilancia”. Encuentra la revista que hoy existe en Colombia no solo “la necesidad de cambiar la Ley 80 y limitar la autonomía universitaria, sino de crear una Superintendencia de Educación para que controle un sector que mueve más de 35 billones de pesos y es tan vital como la salud”.
Proporcionalmente, en Boyacá las universidades privadas que operan deben ser vigiladas en el mismo sentido, para saber si están cumpliendo, no solo con la calidad del servicio que ofrecen a costos tan altos, sino también si cumplen con las obligaciones fiscales y demás en el ámbito laboral, ya que como concluye el análisis de Semana: “cobijadas, por la autonomía universitaria, muchas instituciones se blindan detrás de opacos estatutos que son una patente de corso para hacer y deshacer”.
No cabe duda de que el fisco debe ser riguroso con estas instituciones que han dimensionado un negocio de tales proporciones; para el caso de Boyacá, cuánto están tributando las tres principales, Uniboyacá, Juan de Castellanos y Santo Tomás en industria y comercio y predial a las ciudades donde tienen sus sedes. En el caso de las instituciones que controla la curia regional, los edificios donde funcionan ocupan el mejor suelo de Tunja y Chiquinquirá.
Para el caso de Uniboyacá hay un fenómeno también común a muchas otras instituciones de su género en el país: que es controlada por una sola familia; y como dice Semana “hay clanes familiares enquistados en las universidades, que se reparten contratos, puestos, asesorías millonarias y grandes trozos de la nómina. Y además muchos políticos están metidos en el negocio, quienes tienen sus fichas en el Congreso, en el gobierno y cuentan con los medios para presionar a quien desee investigarlos”.
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