Después de nueve años le dan la razón a Pedro Pablo Salas en el caso de la Megavía

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Foto | Hisrael Garzonroa - EL DIARIO

Hoy Pedro Pablo Salas, no solo espera que se haga justicia en este caso de evidente perjuicio al Municipio de Tunja, sino que el próximo 27 de octubre, la ciudanía boyacense lo vuelva a elegir para regresar desde la Asamblea a defender los intereses de la capital y del departamento.

Es lo que se desprende de la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá a través de su Sala 1, la que en primer instancia, con ponencia del magistrado Fabio Iván Afanador García, luego de un análisis a fondo sobre contrato de obra 423 de 2010, el cual a juicio de los magistrados violó el deber de planeación y que en consecuencia  declara su nulidad absoluta, dándole la razón al exconcejal Salas Hernández que fue quien desde el comienzo, mediante Acción Popular, logró suspender la ejecución de las obras proyectadas en la famosa Megavía, promovida por el entonces alcalde Arturo Montejo. 

El contrato de obra referido, celebrado entre el municipio de Tunja y la Unión Temporal Sector I, por medio del cual la entonces administración Montejo proyectaba la ampliación de la Carrera 14 entre el Parque Santander y el empalme con la carrera 11 a la altura de la antigua Gaseosas Boyacá, denominada la Mega Vía, fue suspendido desde el comienzo por un juzgado administrativo, lo que motivó después la terminación del contrato por parte de la alcaldía ya en el periodo de Fernando Flórez.

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La decisión de Flórez provocó la demanda que se falla en esta primera instancia, interpuesta por los contratistas a los que se les adjudicó la obra, quienes se presentaron en ese momento como la Unión Temporal Sector I, conformada por los señores Emiliano Vargas Mesa y Luis Fernando Mesa Ballesteros.

Al resolver de fondo la demanda, hoy el Tribunal no solo les negó sus pretensiones sino que los condena ahora a que restituyan al municipio de Tunja la suma de dos mil quinientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos ($2.548.404.427) que recibieron por concepto de anticipo, suma que se encuentra debidamente actualizada, según se lee en la sentencia. Se entiende que actualizada en términos de la preservación del valor constante del dinero, pero que no totaliza los intereses, los cuales la ciudad ha tenido que pagárselos al Banco Agrario, dado que esa suma formó parte de los recursos de empréstito que en su momento gestionó Arturo Montejo.

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Ante esta situación, sin embargo, queda una duda fundamental, dónde están Vargas Mesa y Mesa Ballesteros y si están en condiciones de devolver la plata, y si no la devuelven, ¿quién responde?, ¿Arturo Montejo? el entonces alcalde responsable del proceso contractual en litigio.

En todo caso la sentencia del Tribunal determina la orden de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen las conductas de quienes celebraron el Contrato de Obra 423 de 2010, violando el deber de planeación.

Hoy Pedro Pablo Salas, no solo espera que se haga justicia en este caso de evidente perjuicio al municipio de Tunja, sino que el próximo 27 de octubre, la ciudanía boyacense lo vuelva a elegir para regresar desde la Asamblea a defender los intereses de la Capital y del departamento.

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